La medida, con la que el Ejecutivo cumple el compromiso de situar el SMI en el 60% del salario medio español, tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año
“Hemos aprobado subir el SMI a 1.080 euros. No es un dato más. Parece un dato frío, pero no lo es. Es una variable que permite cambiar la vida de la gente”, ha comentado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “Permite que una madre trabajadora pueda facilitar que su hijo o su hija coma pescado o fruta de temporada. Permite que un joven tenga un poco más de esperanza de vida, o un poco menos de problemas de salud mental”.
El texto del real decreto y la Memoria de Análisis de Impacto Normativo que lo acompaña reflejan que el SMI será de 15.120 euros anuales, 1.080 euros al mes y 36 euros al día. En el caso de los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días, la cuantía del salario no podrá ser inferior a los 51,15 euros por jornada legal en actividad. Para los empleados de hogar que trabajen por hora, la hora trabajada se pagará en 2023 a 8,45 euros, resultado de incluir todos los conceptos retributivos, gratificaciones extraordinarias, descansos y vacaciones.
El incremento del 8% acordado entre el Gobierno, CC OO y UGT para este año es el más alto desde 2019, cuando se revalorizó esta renta mínima en un 22,3%. En 2020, la subida fue del 5,6% y se prorrogó durante 2021, hasta que en septiembre de ese año se aprobó un nuevo alza del 1,6%, de aplicación a partir del 1 de ese mes hasta el 31 de diciembre de 2021. En 2022, el SMI tuvo un incremento del 3,6%, hasta los 1.000 euros en 14 pagas. En total, el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez ha subido el salario mínimo interprofesional (SMI) en 344 euros, lo que supone una revalorización del 47%, desde los 735,9 euros en los que estaba a finales de 2018 hasta los 1.080 que alcanza este 2023.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social, CC OO y UGT pactaron el incremento del 8% para el SMI el pasado 31 de enero. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, desbloquearon esa tarde las conversaciones del SMI, después de que la reunión previa entre los negociadores del ministerio y los sindicatos, esa misma mañana, concluyera sin avances relevantes y con la ausencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), como ya ocurrió en la primera reunión, en diciembre, cuando remitieron su propuesta por escrito.
La cifra pactada se encuentra algo por debajo de la banda alta recomendada por la Comisión de Expertos a la que Trabajo encargó los estudios del SMI. El informe presentado por esta Comisión estableció una horquilla de subida de entre el 4,6%, hasta los 1.046 euros, y el 8,2%, hasta los 1.082 euros.
El monto final también resulta algo menos ambicioso de lo que pedían los sindicatos, que pedían un aumento hasta 1.100 euros. La CEOE no acudió a ninguna de las dos citas convocadas por Trabajo, pero envió un documento a la mesa de negociación en el que planteaba una subida del 4% para el SMI de 2023, supeditada a condiciones como que se revisara la situación del campo y los contratos de las empresas privadas con las administraciones públicas.
“Lógica ideológica”
Por otro lado, Díaz ha asegurado que entiende las críticas de la CEOE en la “lógica ideológica de a quien representan”, después de que la patronal haya denunciado una campaña de “desprestigio” contra el empresariado español. La responsable de Trabajo ha vuelto a pedir a la asociación que dirige Antonio Garamendi que regrese a la mesa de negociación bilateral con los sindicatos para pactar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y que “estén a la altura de su país”. Además, ha pedido a los empresarios “un poco de comprensión” con la situación actual de los trabajadores (los salarios crecieron una media del 2,78% en 2022 y los precios, un 8,4%).
“El debate que tenemos que dar es cómo salimos de esta crisis”, ha expuesto Díaz, al tiempo que ha criticado que las grandes corporaciones, con beneficios récord, “no revaloricen con igualdad de criterios los salarios a lo trabajadores”.
